Presiones del gobierno federal y de cabilderos de la iniciativa privada frenaron, a punto de ser votada, una iniciativa de ley que buscaba el cambio de luces o focos incandescentes por ahorradores de energía.
El Programa de Ahorro de Energía Eléctrica tiene como meta para 2012 sustituir los 205 millones de lámparas incandescentes —focos comunes— que se calcula que se utilizan en el país en el sector residencial, comercial y de servicios, pero esta meta enfrenta en la Cámara de Diputados el boicot del gobierno federal mismo y de cabilderos de la iniciativa privada.
La sustitución de bombillas comunes por las lámparas ahorradoras de energía está comprometida para este sexenio y se estima que habrán de cambiarse más de 160 millones de piezas, con un impacto fundamental en las metas del Programa Especial de Cambio Climático.
Contra esa meta de 2012 operaron las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Economía, al detener el dictamen que impulsaba el cambio de luces incandescentes por ahorradoras de energía, en abril pasado, afirmó el secretario de la Comisión de Energía, el diputado federal Gerardo Flores.
La industria, representada por la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y la empresa General Electric, propuso a los diputados que la sustitución de focos empezara en 2014.
Argumentos absurdos: PVEM
“Pero la causa principal de que se detuviera el dictamen fue la postura del gobierno federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, con observaciones absurdas en contra”, sostuvo el legislador Flores, del PVEM.
Dijo que la SHCP argumentó que le preocupaba que el gobierno federal debería de erogar 14 mil 500 millones de pesos, pero ese cálculo está fuera de toda proporción, además de que ya estaban vigentes las disposiciones para descontinuar el uso de las lámparas incandescentes en edificios e instalaciones de la administración pública federal.
Consultadas al respecto, fuentes de la SHCP informaron que ese tema fue llevado por la Secretaría de Energía.
Se buscó una postura de la Secretaría de Energía, pero al cierre de esta edición no respondió.
Otro de los argumentos que detuvieron el dictamen, dijo Flores, fue el que esgrimió la Secretaría de Economía, que interpuso una observación en el sentido de que al imponer prohibiciones al comercio exterior de lámparas incandescentes México violaría compromisos internacionales y ello nos llevaría a un panel de controversias internacionales.
“Lo cierto es que la Organización Mundial de Comercio (OMC) prevé excepciones cuando se protege la salud humana”, anotó el diputado.
“El responsable de mayor peso para que no prosperara el tema fue el propio gobierno federal. Esto preocupa mucho al PVEM, porque nos habla de inconsistencias entre el discurso del Presidente a favor del medio ambiente y el cabildeo de sus dependencias”, aseguró el legislador, quien calificó de “absurdas” las observaciones que realizó el gobierno federal sobre el tema.
La sustitución de “lámparas incandescentes” por luces ahorradoras de energía significaría bajar 30% la factura eléctrica del país, reducir subsidios y, sobre todo, evitar 30.2 millones de toneladas de dióxido de carbono. México estaría en la lista de países que más disminuyen gases de efecto invernadero.
Sin embargo, a punto de ser votado, el tema se derrumbó en la vorágine que caracteriza las últimas fechas de un periodo de sesiones de San Lázaro.
El presidente de la Comisión de Energía, Felipe de Jesús Cantú, planteó que “hubo observaciones del gobierno federal, de diputados y de particulares; se revisaron y se vieron las cuestiones que eran corregibles y se quitaron los defectos, por lo que ahora tenemos un dictamen mucho más pulido”.
Otros legisladores dijeron que el cabildeo de empresas y del gobierno fue rudo y sin aseo, tras lo cual se preguntaron: ¿cómo hicieron para conseguir la reunión, el 26 de abril, a las 19 horas, de una jornada de múltiples actividades simultáneas en San Lázaro? ¿Quién manda en realidad en el proceso legislativo?
Gerardo Flores relató: “La Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas y de General Electric estaban en contra de que desde el 31 de diciembre de 2011 el gobierno dejara de adquirir lámparas incandescentes, así como de la prohibición a la venta, distribución, comercialización e importación se aplicara a partir del 31 de diciembre de 2013. Rechazaron a ‘rajatabla’ prohibir la producción de focos”.
El diputado Flores destacó que uno de los representantes de General Electric decía: “Cuando nuestros jefes se enteren de que se aprobó esto, nos van a instruir que echemos para atrás las inversiones”. Pero jugaron al doble discurso con otro de sus enviados: “No estamos en contra de esta medida, pero queremos que se haga con más cuidado”.
Guillermo Ruiz de Teresa, del PRI, apuntó que había información que no estaba clara en el dictamen y después se sumaron presiones de cabilderos privados, del gobierno y de la agrupación ambientalista Greenpeace.
Afirmó: “Si el sector privado no quiere invertir para el cambio en su empresa, de ninguna manera se mantendrán los focos para siempre, así que no importa lo que digan, es un asunto que tiene que salir en septiembre”.
La representación de Greenpeace expuso que el dictamen fue sometido a un cabildeo muy agresivo; no quedó claro qué actor intervino para detenerlo cuando estaba firme para ir al pleno de la Cámara baja.
Tan no se supo nada que en una reunión en mayo, la diputada Laura Itzel Castillo, del PT, preguntó: “¿Qué pasó?”.
Greenpeace encontró que en un predictamen posterior “está reflejado el proyecto de la industria, pues quedó como ellos quisieron” y se vio el poder del sector, pero sobre todo, la influencia de General Electric.
Cabildeos sin reglas claras
En la Cámara de Diputados, la falta de reglas que regulen la actividad de gestores de intereses de grupos, empresas y gobiernos —los llamados enlaces o cabilderos— ha generado un ambiente de presión externa constante sobre el trabajo en comisiones. Los propios diputados describen que las presiones de empresas y dependencias públicas son directas, enérgicas, y rayan en el amago y el chantaje.
La acción de los cabilderos no ha conocido reglas. En 1997, con la pluralidad legislativa, una vez perdida la mayoría absoluta que ejercieron el Ejecutivo federal y el PRI, inició la práctica de gestión de intereses y, uno a uno, los intentos de regulación recibieron pronta sepultura.
El caso de las lámparas incandescentes se sumó a otro más notorio, con acusaciones del PRI al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, de haber conseguido con un telefonema que el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Antonio Osuna Millán, retirara de la fila de votaciones las reformas sobre la comida “chatarra” y la actividad física en escuelas.
El desorden en que se mueven los cabilderos los convierten en actores que influyen en los contenidos de dictámenes.
El PRI, por conducto del diputado Jesús María Rodríguez, en la iniciativa de primer Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, propone transparencia en la actividad de los cabilderos: “Que den a conocer con quién —legislador o asesor— se reúnen, qué propuestas, argumentos e informes defienden y de dónde vienen”.
El PAN, en un proyecto de Josefina Vázquez Mota, destaca que “nos hemos encontrado con un cabildeo que al no tener una mínima regulación, no solamente provoca un enorme desorden, sino se presta a intereses de todo tipo y a presiones contra los legisladores, los grupos parlamentarios o a los grupos de legisladores”.
El PRD, en una iniciativa de Guadalupe Acosta, Jesús Zambrano y Mary Telma Guajardo, advierte que debe prohibirse que los diputados “obtengan (de parte de cabilderos) beneficio económico o en especie”, incluso su cónyuge, parientes o terceros que trabajen para ellos.
En ese caso, habría o se configuraría el delito de tráfico de influencias y ello tendría que ser sancionado en la comisión.
Guajardo dijo: “El problema es el manoseo que hacen los cabilderos del PVEM, de manera que en ocasiones ya no se sabe quién o quiénes legislan”.
En un proyecto de 2005, la entonces senadora Sara Castellanos, del PVEM, advertía que un cabildeo sin regulación causaba irregularidades con impacto negativo en el trabajo de los legisladores y en su imagen. Sobre todo, llamaba a “prohibir de manera expresa y tajante la entrega a legisladores de obsequios, pagos o servicios”.
El diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT, señaló: “Preocupa la actuación de los cabilderos sin control, que se han constituido en un legislador fantasma que actúa más allá de los intereses de partidos políticos”.
